Acabar con los montajes financieros abusivos: Reprimir a los intermediarios profesionales que favorecen los delitos fiscales y la delincuencia de cuello blanco publicado por OECD (2021).
En las últimas décadas, el mundo ha sido testigo de delitos financieros cada vez más sofisticados perpetrados atravesando fronteras nacionales y existe un creciente interés público para abordar este problema, tal y como se ha demostrado en los medios de comunicación mediante filtraciones ampliamente publicitadas como los Papeles de Panamá y los Papeles del Paraíso (ICIJ, 2020[1]). A menudo, estos delitos son facilitados por abogados, contables, instituciones financieras y otros profesionales que ayudan a diseñar el andamiaje de las estructuras fiscales y financieras utilizadas para evadir impuestos y cometer otros delitos financieros. El pequeño segmento de profesionales que generan oportunidades para facilitar la comisión y/o encubrimiento de estos delitos no sólo socavan el estado de derecho, sino también su propia profesión, la confianza pública en el sistema jurídico y financiero, así como la igualdad de condiciones entre contribuyentes cumplidores e incumplidores. En última instancia, esto afecta al interés público de garantizar que los impuestos sean pagados y que los recursos estén disponibles para su uso público. Por lo tanto, resaltar el rol de los facilitadores profesionales e interrumpir sus actividades es un camino clave para hacer frente a la actividad criminal desde su origen.
