¿Cómo proteger la calidad de los servicios públicos esenciales durante la crisis? por Mariano Lafuente publicado por BID (5/2020).
“Un informe reciente del Fondo Monetario Internacional indicaba que la pandemia del Coronavirus es la peor crisis global desde la Gran Depresión, dejando atrás, por un amplio margen, a la crisis financiera global de 2009. Sólo en Estados Unidos de América, 26 millones de personas han solicitado beneficios por desempleo entre mediados de marzo y finales de abril –con la expectativa de que el número crezca aún más. En otros países, los ingresos de trabajadores formales en el sector privado que no fueron despedidos se han reducido significativamente.
Los gobiernos están enfrentando el enorme desafío de apoyar en un momento crítico a las poblaciones más vulnerables y a proteger lo máximo posible a trabajadores y empresas en un contexto donde los ingresos tributarios se han desplomado (dada la reducción de la actividad económica) y donde acceder a financiamiento a través de los mercados financieros se ha encarecido significativamente. Igualmente, hay una necesidad de transmitir a los ciudadanos un mensaje de austeridad en un momento crítico en el que empresas y trabajadores de todos los sectores están aplicando estrictas medidas de control presupuestario.
En este contexto de mayores necesidades y menores recursos, varios países de América Latina se han planteado la posibilidad de reducir salarios públicos de manera temporal para financiar transferencias a poblaciones vulnerables y desempleados durante esta fase inicial de la crisis (Brasil y Honduras, por ejemplo), y otros se encuentran ya implementando estas medidas (Colombia, Panamá, Paraguay, Uruguay, y a nivel subnacional en el Estado de Sao Paulo en Brasil, entre otros). Medidas similares han sido aplicadas en Nueva Zelanda y en la Unión Europea.
Reducir salarios públicos: Impacto económico vs señal simbólica
Desde un punto de vista de orden de magnitud de recursos, los salarios del sector público representan el 29% del gasto público en América Latina y más del 8% del PIB (hay países donde llegan a un monto mucho mayor). Un argumento en contra de reducir salarios públicos es que tendría un carácter simbólico porque sería una gota en el océano de las necesidades actuales. ¿Es así?
Se requeriría un análisis detallado por país y de acuerdo al diseño de cada medida para responder con mayor certeza. Para aterrizar estas cifras presupuestarias a la realidad de las personas, en Colombia el impuesto solidario a ser pagado por 21.000 servidores públicos podría financiar como mínimo el ingreso solidario de 131.250 hogares en situación de pobreza o alrededor de medio millón de personas.
Proteger la calidad de los servicios públicos esenciales
El enorme sacrificio del personal de salud pública durante esta crisis del COVID-19 ha permitido que los ciudadanos adquieran -o recuperen- conciencia sobre el rol vital que tienen los empleados públicos. La reducción de los salarios de los empleados, tanto en el sector público como el privado, es siempre una decisión muy delicada.
Por un lado, están los interrogantes en torno a los posibles efectos económicos y legales de la medida. El Estado emplea al 12% de la fuerza laboral en promedio en América Latina y el gasto de planilla inyecta mucho efectivo en las economías locales. Además, hay voces críticas que alegan que durante una emergencia nacional los servidores públicos en muchos casos prestan servicios esenciales. Una bajada en sus salarios podría debilitar el Estado en un momento donde precisamente se necesita un Estado más fuerte.
Por ello, más allá del debate sobre su último valor económico, la posibilidad de reducir salarios públicos de manera temporal levanta dos cuestiones. ¿Cómo asegurar en el corto plazo que los ajustes no impacten en la calidad de los servicios públicos más urgentes? Y más allá de la emergencia… ¿Cómo mejorar la composición del talento humano en el sector público para que ello contribuya a llevar mejores servicios a los ciudadanos?…”
Verificar PDF Anexado
