Congreso virtual: Más participación, más confianza, mejores leyes por Nicolás Dassen y María José Jarquín publicado por BID (6/2020).
“El poder legislativo es la institución donde los ciudadanos esperan los debates más sustanciales sobre las políticas públicas. Donde todos esperamos que las mejores razones y soluciones prevalezcan y se transformen en ley. Por eso, el modo en que funcionan los congresos – y en especial cómo se formulan y aprueban las leyes – es fundamental para generar confianza en los ciudadanos. Sin embargo, no siempre los ciudadanos tienen el mismo poder o acceso para participar de dicho proceso.
Los poderes legislativos de América Latina y el Caribe reciben, en general, una baja calificación en cuanto a confianza ciudadana. Según el Latinobarómetro, más del 75% de los ciudadanos reconoce tener poca o ninguna confianza en sus congresos. Esta baja calificación no es algo nuevo. Desde que se mide este dato, el nivel de aprobación ciudadana nunca ha superado el 35%.
Parte de la desconfianza ciudadana emana de la poca capacidad de los ciudadanos para influir en la elaboración de leyes. Como bien advierte el Informe del Grupo Asesor de Expertos en Anticorrupción, Transparencia e Integridad para América Latina y el Caribe, la desigualdad del poder económico está íntimamente ligada con la desigualdad para influir en las políticas públicas, incluida la sanción de leyes.
¿Existe la posibilidad de revertir esta situación?
La respuesta corta es que sí. La democracia constitucional se basa en el principio de que la deliberación y la transparencia son fundamentales para que las decisiones tengan mayor legitimidad. Las tecnologías digitales están contribuyendo a convertir en realidad el ideal sobre sistemas democráticos más robustos e inclusivos.
En busca de ampliar el acceso más equitativo a esa deliberación y fomentar la apertura del gobierno y el control social, paulatinamente han surgido varias iniciativas de participación ciudadana en procesos legislativos, como las audiencias públicas en las comisiones legislativas para la regulación de los servicios públicos o los programas de presupuestos participativos.
Estas formas de participación dependen -aún hoy en día en algunos casos- de que los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil y los grupos de interés, dispusieran de tiempo y recursos para participar de manera presencial en la actividad legislativa.
Las tecnologías de la información y comunicación nos dan una enorme oportunidad de ampliar y mejorar los canales de participación legislativa tradicionales. Las experiencias de diseño abierto y colaborativo, por ejemplo, permiten utilizar la inteligencia colectiva y que una multitud organizada genere más impacto que la suma de sus partes.
| Plataformas de crowdsourcing: ¿Cuál es su valor añadido? Ampliar los puntos de vista en torno de las decisiones legislativas. Mejorar la calidad de las decisiones a partir de los hechos y datos, evitando creencias o percepciones erróneas. Visibilizar el proceso de toma de decisión. Respetar la igualdad al permitir escuchar todas las voces. Mejorar la calidad técnica de las leyes. Estimular la información y la participación ciudadana. Conocer la opinión de la ciudadanía a la que le va a afectar la legislación. |
Chile: Plataforma “Congreso Virtual”
Con la plataforma “Congreso Virtual”, el Congreso Nacional de Chile ofrece un ejemplo de cómo la tecnología sirve para incrementar la participación y la transparencia. A través de la Plataforma, las personas que se registren con sus datos básicos pueden: (i) comentar proyectos de Ley que se publiquen en la plataforma; (ii) proponer que un proyecto de Ley se priorice para el sometimiento a consulta pública; (iii) adherirse a los comentarios que más le interesen u objetar aquellos con los que no están de acuerdo; y (iv) obtener estadísticas por género, edad, o región geográfica de la participación.
Condiciones para maximizar el impacto
Sin duda que la amigabilidad y funcionalidad de las plataformas ayuda -pero no es suficiente. En primer lugar, en estos mecanismos consultivos es importante saber quién tiene la “llave” para someter a consulta proyectos de Ley. Por ejemplo, en el caso de Chile, el Reglamento de Participación Ciudadana dispone que se someterán al Congreso Virtual los proyectos que puedan concitar mayor interés ciudadano de acuerdo con una serie de criterios (por ejemplo, que se trate de iniciativas presentadas por legisladores de distintos partidos). La selección podrá ser efectuada en conjunto por el Grupo Bicameral de Transparencia, las Secretarías de Comisiones, las Unidades Administrativas de Participación Ciudadana, Comunicaciones y Prensa. Otro de los aspectos para medir el éxito es el número de usuarios que se involucre -para lo que una adecuada estrategia de difusión pública es clave.
En estos días de cuarentena y trabajo a distancia por el COVID-19, la interacción virtual entre ciudadanos y legisladores ha cobrado aún más relevancia. Países como Brasil, Colombia, Reino Unido o el mismo Chile están buscando la manera de que sus congresos no sólo no se paralicen si no que conviertan el elemento virtual en un elemento clave de su proceso democrático.
A nivel regional, el BID ofrece herramientas de congreso virtual en código abierto para los Congresos de la región que lo quieran implementar. Puede accederse desde la página del BID para Código para el Desarrollo.”
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